Desde hace tiempo las empresas de Ecoturismo y Turismo Activo vienen sufriendo multas y sanciones de más de 5.000 euros por diversas causas en la isla de Lanzarote. Unas sanciones anormalmente altas, teniendo en cuenta que suele tratarse de microempresas de uno o dos trabajadores. En ocasiones son sanciones por la tarjeta de transportes y en otras debido a la licencia para visitar el Parque Natural del Archipiélago Chinijo.

Las empresas de Turismo Activo achacan la mano dura a problemas de coordinación entre el Organismo Autónomo de Parques Naturales (OAPN) de La Graciosa, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y organismo sancionador, y el Cabildo Insular de Lanzarote. El origen de estas sanciones se encuentra en el retraso en la renovación de las licencias, lo cual se traduce en una situación de incertidumbre muy grave para la supervivencia de este pequeño sector turístico que intenta resistir a la crisis.

El gerente de la Asociación Canaria de Turismo Activo (Activa Canarias), Tanausú Zumaquero-Nuez, indica que esta situación se debe “quizás a la escasez de funcionarios públicos para atender las renovaciones de las licencias, pero lo grave es que esta ineficacia por parte de la administración mantiene a las empresas en una situación de anormalidad”. “Hay servicios contratados con turistas que reservan para hacer concretamente la actividad desarrollada en el Archipiélago Chinijo y que probablemente esa excursión sea una de las razones para elegir nuestro destino. Además de ser un perjuicio para el turista, pone en jaque los puestos de trabajo de toda la cadena turística, ya de por sí en riesgo por la crisis sanitaria”, añade Zumaquero.

En el caso del Parque Natural del Archipiélago Chinijo, “fuentes del Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN) nos han asegurado que es el Cabildo el que sufre un colapso y un retraso brutal en la renovación de las licencias de visitas”. Hay que recordar que cada empresa de Turismo Activo que hace una actividad en el parque natural paga una tasa, a diferencia de las visitas de particulares, que no están gravadas con pago alguno. Por lo tanto, las empresas alegan que la OAPN está bloqueando su trabajo. Ni siquiera la situación de crisis derivada de la pandemia está evitando que las empresas sean sancionadas de manera desproporcionada, por una cuantía de en torno a 5.000 euros.

Hace ya más de un año, Activa Canarias advirtió a la administración insular de la insostenibilidad de la situación y de los problemas que el turismo de naturaleza estaba sufriendo en Lanzarote. Sin embargo, numerosas empresas han solicitado a la Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo (ANETA) y a su representación en el archipiélago, ACTIVA CANARIAS, que reiteren la queja dado que se vuelven a enfrentar a los mismos problemas ahora que empiezan a retomar la actividad tras la crisis sanitaria.

La realidad es que las empresas suelen ganar las reclamaciones interpuestas, pero después de asumir el coste económico de llegar a los tribunales, ”donde difícilmente se condena a la administración a sufragar las costas”, asegura el responsable del departamento jurídico de Activa Canarias, Antonio Hernandez.

Para la organización estatal, ANETA, “es vital encontrar una solución a esta situación para que un referente del Ecoturismo como Lanzarote, con el sello de identidad que acuñó Cesar Manrique, no pierda su impronta”.