No se puede aspirar a ejercer la centralidad, también enunciada como la disputa por el sentido común, de espaldas a la sociedad en la que se vive. Pretender hacer a la fuerza de una determinada cuestión un problema público de primer orden cuenta con varios inconvenientes de partida. En primer lugar, es inevitable percibir el intento de instrumentalización de situaciones en muchas ocasiones dramáticas, una actitud que resta credibilidad y autoridad moral a quien la practica. Tampoco resulta creíble una machacona insistencia en orientar el debate hacia donde no se dirigen las miradas de buena parte de los actores políticos, o sea, hacia los extremos y no la centralidad. Por último, cuando se insiste en vincular fenómenos como inmigración y delincuencia sin aportar datos contrastados, es inevitable pensar que se entra en el terreno de la manipulación y el engaño.
El Sociobarómetro Canario de marzo de 2021, entre muchas otras cosas, preguntaba a la sociedad canaria por su percepción acerca de los principales problemas en las islas. La inmigración ocupaba entonces un discreto sexto lugar, tras el paro, el coronavirus, la crisis económica, la crisis turística y el sistema sanitario. En la percepción de la gente encuestada estarían los datos de 2020, año en el que llegaron veintitrés mil inmigrantes irregulares, mientras que en el cuatrienio 2015-2019 apenas rozaron los seis mil. Ni ante un repunte de tal calibre considera la sociedad canaria que la inmigración irregular encabeza sus preocupaciones. Además, se entiende que el estudio se refiere exclusivamente a la inmigración irregular venida de África y no a la, cuantitativamente muy superior, llegada desde el continente europeo .
Abriendo el diafragma, ni siquiera aparece la emigración forzosa de la juventud canaria entre las preocupaciones de nuestra sociedad. Algunas llamadas a la atención por la superpoblación de las islas, el problema de las segundas residencias, la capacidad de carga ambiental o la imposibilidad de atender las lógicas demandas de todo tipo por parte de una población que no deja de instalarse en las islas, haya crisis o bonanza, no acaban de cuajar en un análisis y discurso coherentes por parte del canarismo. Desviar la atención hacia los graves problemas generados por las distorsiones del sector turístico no parece un buen punto de partida para abordar problemáticas tan diferentes. La fórmula de “la Canarias vaciada” no es sino otro concepto mesetario más, que apenas sirve para analizar nuestra realidad. Ignorar a nuestros jóvenes emigrantes canarios, en los que nuestra sociedad, familias y poderes públicos invirtieron tantos esfuerzos y recursos, sólo para verlos emigrar y desarrollar sus talentos en cualquier lugar del mundo menos en su tierra, es inaceptable.
Abundando en los asuntos que sí aparecían reflejados en el Sociobarómetro Canario, cuando se preguntaba por “los problemas de solución más urgente”, la emigración escalaba a un también discreto quinto puesto, adelantando así a la urgencia de la solución del sistema sanitario. Es razonable pensar que, por graves que sean los problemas del sistema de salud, siempre se percibirá como más urgente atender un fenómeno dramático tal cual es la llegada de inmigrantes a nuestras costas, muchas veces en condiciones graves de salud, etc. Cabe imaginar también que buena parte de las personas que respondieran a esa pregunta lo hicieran en clave humanitaria: es urgente resolver un problema de derechos humanos. Por último, en cuanto a los problemas que a cada persona le afectaban más en concreto, la inmigración aparecía como primera mención en un octavo puesto y en el undécimo en la respuesta múltiple. En cualquier caso, mientras no haya otro Sociobarómetro o estudio fiable y riguroso que profundice al respecto, esto es lo que sabemos acerca de la preocupación de la sociedad canaria sobre la inmigración irregular en épocas recientes.
Por otro lado, según los últimos datos disponibles acerca de una supuesta vinculación entre inmigración y delincuencia, el delegado del Gobierno español, Anselmo Pestana, ya desmintió en febrero de 2021 la misma: si bien en 2020 llegaron las ya nombradas veintitrés mil personas por vía irregular a las islas, el número de delitos descendió un 11’9% respecto al año anterior, no superando la cifra de ochenta y cinco mil. Más en concreto, durante el último cuatrimestre de 2020, los meses de mayor repunte migratorio, los delitos descendieron un 6%. Además, la tipología de las infracciones cometidas por inmigrantes -no se especifica el origen nacional ni la vía de llegada- se limitó a la falsedad documental en casi la mitad de los casos y, en el resto, a agresiones, robos y hurtos entre ellos mismos.
Que los datos disponibles devuelvan un panorama bien distinto al de algunas declaraciones irresponsables, bulos, etc. no debe servir para ocultar la realidad de la saturación de recursos humanos, materiales y espaciales, existente en Canarias a la hora de atender la llegada de embarcaciones de todo tipo con inmigrantes en situación de irregularidad. Las insuficiencias son evidentes y en un territorio frontera de la Unión Europea claman al cielo la displicencia y olvido deliberado con las que han sido despachadas buena parte de las reivindicaciones de las administraciones canarias a este respecto. Cuesta imaginar una respuesta así si las pateras arribaran en igual cantidad a las costas andaluzas. Llegar al extremo de tener que reclamar, por ahora infructuosamente, una “solidaridad obligatoria” para con los menores inmigrantes (¿puede obligarse a alguien a ser solidario?) da una idea de cómo se perciben en la meseta los problemas de estas islas del noroeste africano, de cómo se define el “nosotros” y el “ellos”, el “aquí” y el “allí”, desde los despachos de la Villa y Corte. Hasta los socialistas canarios están aprendiendo esta dura lección.
Las migraciones -así, en plural, sin prefijos que indiquen dirección- siempre serán un fenómeno delicado. De entrada, conviene admitir que es un asunto con muy diversas caras y que no se limita al de la inmigración irregular, el menos importante cuantitativamente aunque sí el que plantea más retos para la atención humanitaria. Nunca faltarán quienes quieran sacar rédito político de la desgracia ajena, especialmente si no votan y son de distinto color. No nos puede pasar desapercibido el doble rasero que merecen en algunos medios de comunicación canarios asuntos de importancia tan dispar como un esporádico tirón de bolso, si es un inmigrante irregular quien lo perpetra, frente al enésimo desmantelamiento de una red mafiosa de origen europeo en nuestros núcleos turísticos, por ejemplo. Tampoco se conocen casos de manifestaciones de vecinos y políticos preocupados por la existencias de dichas redes.
En la misma línea, a tenor de algunas declaraciones, pareciera que algunos políticos no dialogan con la sociedad canaria o se limitan a relacionarse con sectores radicalizados y muy poco representativos. Porque, ¿a qué viene la machacona insistencia de algunos en hacer de esta cuestión un eje de “campaña”? ¿Qué sentido tiene perorar sin un solo dato contrastable, tratando de competir en xenofobia con la ultraderecha? ¿A qué agitar una supuesta sensación de inseguridad colectiva que “lejos de mejorar, irá empeorando” y que la ciudadanía habría de tragarse en un imperdonable ejercicio de irresponsabilidad colectiva?
Si el canarismo quiere jugar un papel de liderazgo político y moral en la sociedad canaria, puede empezar por apartarse consciente y explícitamente de discursos así, que no sólo son éticamente inadmisibles sino que además profundizan en su actual distanciamiento con respecto a una sociedad que, como todos los datos demuestran, se sitúa mayoritariamente en otras claves en lo que hace a la inmigración irregular. Debe comenzar a cultivar una mirada abierta a la complejidad de las migraciones, de gentes que llegan sobre todo del Norte y gentes que se nos van desde este Sur; de solidaridad y acogida como expresión del ideal humanista europeo, que debe ser compartido y no asumido en exclusiva por este archipiélago; de proyectos migratorios muchas veces inconclusos o fracasados pero también de proyectos vitales de tantos jóvenes canarios que deben tener la salida del archipiélago como opción y no como obligación; de una sociedad que es incapaz de garantizar recursos infinitos a una población que siga creciendo al ritmo desenfrenado de los últimos años; de territorios similares a Canarias, en el marco de la Unión Europea, con respuestas legales adaptadas a sus realidades poblacionales y que deben ser estudiadas con detenimiento y sin prejuicios. En fin, una mirada que vaya más allá de importar nómadas digitales, criminalizar inmigrantes irregulares y expulsar a nuestras generaciones mejor preparadas. Estamos a tiempo pero el canarismo debe darse prisa.
*José Miguel Martín, coordinador de Canarismo y Democracia.