Uno de los elementos más novedosos de la pasada reforma del sistema electoral canario fue, sin duda, la lista nacional que acompañaría a las diferentes listas insulares. Fue concebida en origen como un instrumento para aminorar los desequilibrios causados por los diferentes topes porcentuales existentes entre isla y archipiélago en la búsqueda de una mejor proporción en la representación de población y territorio a favor del primer parámetro. En otras palabras, se buscaba atemperar el excesivo peso que fuerzas representativas de una sola isla han tenido sobre todo el país.
Ningún sistema electoral puede resolver por sí solo conflictos que tienen que ver con el sistema de partidos. Tampoco se produjo el cataclismo electoral que algunos vaticinaban, dejando un panorama parlamentario bastante similar al producido con la anterior ley y su principio de la triple paridad. Sin embargo, el que por sí sola no haya resuelto algunos de los serios problemas que padece la política en Canarias no ensombrece los aspectos y potencialidades de mucho interés que atesora la lista nacional. Dedicaré las siguientes líneas a comentar algunos de ellos.
En primer lugar, es innegable que la lista nacional ha servido para reducir la desproporcionalidad de nuestro Parlamento. Con el sistema anterior, un 15’82% de los votos (147.451) quedaban sin representación. Iban directamente a la papelera, como sucede, por ejemplo, con los votos canaristas en la provincia de Las Palmas cuando van desunidos a las elecciones generales. Sin embargo, en 2019, esta cifra se redujo a un 6’72% del total, es decir, 59.846 votos. Aunque siempre habrá votos que no lleguen a tener representación no es mal asunto tratar de reducir su número todo lo que sea razonablemente posible. Por tanto, no parece descabellado aprovechar el margen existente incrementando dicha lista en cinco miembros más hasta llegar al tope de setenta y cinco.
Tampoco se vio confirmado el temor de que se constituyera una casta VIP de diputados elegidos por la lista nacional frente a diputados de segundo nivel. En la práctica, el liderazgo y la visibilidad de los diputados tiene más que ver con otras cuestiones que con la vía de acceso al Parlamento. Creo que no me equivoco si digo que la mayoría de electores, servidor incluido, no sabríamos decir sin consultarlo previamente qué diputados fueron elegidos por la lista nacional, prueba indefectible de la escasa relevancia que tiene la misma a la hora de conceder status a sus señorías.
Por otro lado, es bien sabido que la política no sólo está compuesta de reglas, normas y leyes. Como en toda actividad humana también existen los usos y costumbres, tradiciones, compromisos, etc. Estos últimos han sido denominados muchas veces usando el anglicismo “covenant”. Se alude así a acuerdos no necesariamente escritos que suelen ser respetados por los actores políticos so pena de ser castigados por el electorado o por otros actores. Un ejemplo muy citado es el de que no se deben convocar elecciones generales en el país que asume la presidencia de turno de la Unión Europea. Habría dudas más que razonables acerca de la dedicación de dicho presidente; se podría pensar que estaría tentado a usar su puesto en Europa para acrecentar apoyos en su país y, por último, el escenario de una sucesión electoral que motivaría un cambio de Presidente de la UE a mitad de mandato sería, como mínimo, inaudito.
¿Qué tiene todo esto que ver con nuestra lista nacional? Mucho, en mi opinión. Creo que uno de los elementos más positivos que ha provocado este mecanismo es que la práctica totalidad de aspirantes a la Presidencia del Gobierno de Canarias hayan concurrido por dicha lista, con la excepción de Noemí Santana (Sí Podemos Canarias) y Vidina Espino (ex Ciudadanos). Aunque la persona que presida finalmente el Gobierno de Canarias debe ser elegida por el Parlamento en función de los apoyos que obtenga su candidatura y no se puedan limitar los derechos de las personas que han sido elegidas por la lista insular, es un elemento de cohesión archipelágica y de calidad democrática no despreciable el que dicha persona (¿no va tocando ya que sea una mujer?) haya hecho campaña en todas las islas, presentando previamente su candidatura al conjunto de la ciudadanía y no sólo a los de su isla. Objetiva y subjetivamente, el que esa persona haya pedido el voto desde La Restinga hasta Pedro Barba debiera demostrar, como mínimo, que asume el reto de presentarse ante el conjunto de la ciudadanía canaria y no exclusivamente en su circunscripción más cercana, en su zona de confort.
El parlamentarismo canario debe construirse con aquellos elementos que más cultura democrática proyecten a la sociedad pues la ejemplaridad ha de ser una constante. Deben quedar atrás definitivamente los tiempos donde los candidatos de Tenerife no hacían campaña en Gran Canaria y viceversa. Que toda la ciudadanía canaria elija a su presidenta o presidente. Quien quiera presidir Canarias, que se presente por la lista nacional.
* José Miguel Martín es Coordinador de Canarismo y Democracia.